Así lo manifestó esta experta, doctora en Derecho e investigadora del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid, durante su participación en la presentación de este estudio, titulado ‘La adaptación de la normativa española a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad’.

El acto se celebró coincidiendo con el primer Día Nacional de la Convención de la Discapacidad, un tratado que entró en vigor en España el 3 de mayo de 2008.

Además de Patricia Cuenca, el evento contó con la intervención de la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Ana Lima, y del presidente del Cermi Estatal, Luis Cayo Pérez Bueno. La inauguración corrió a cargo del director del Centro Penitenciario Madrid IV Navalcarnero, lugar donde se desarrolló la presentación.

Patricia Cuenca detalló que el estudio analiza, en primer lugar, el marco normativo de la Convención de la ONU sobre personas reclusas con discapacidad; en segundo término ahonda en el marco normativo español, y por último, concluye con una serie de recomendaciones para adaptar la legislación nacional a los mandatos de la ONU.

En su opinión, la legislación debe hacer alusión de manera expresa a la Convención porque “las personas con discapacidad deben ser tratadas como sujetos de derecho”. Asimismo, planteó que pueda existir un “tratamiento diferenciado cuando la discapacidad sea relevante y se tengan que paliar dificultades que los reclusos con discapacidad encuentren en los centros penitenciarios, para lo que se deben tener en cuenta ajustes razonables, medidas de accesibilidad y acompañamiento cuando sea preciso”.

Igualmente, incidió en la importancia de reforzar las medidas para evitar situaciones de violencia y abuso; garantizar que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones en todas las actividades que se lleven a cabo en los centros penitenciarios; que se implementen más medidas alternativas a la condena en prisión cuando sea posible; mejorar la formación del personal de prisiones y del ámbito judicial para trabajar con las personas con discapacidad, y reforzar las vías de colaboración con las organizaciones de la discapacidad.

“Esta reforma de la normativa mejorará la situación de todas las personas con discapacidad en prisión, pero también de toda la población reclusa, aunque no se tenga una discapacidad”, resolvió Patricia Cuenca.

TRANSVERSALIDAD

Por su parte, la secretaria de Estado de Servicios Sociales destacó que “asumir en España la Convención de la Discapacidad de la ONU supuso un cambio muy importante porque introdujo el paradigma de la transversalidad para que desde todas las áreas se trabajara en favor de la discapacidad y no solo desde las que tienen competencias en servicios sociales”. En su opinión, se han adaptado a este tratado ya muchas leyes, “pero todavía queda mucho por hacer, y a las casi 5.000 personas presas con discapacidad que hay en España con alguna discapacidad, les debemos la revisión de la normativa penitenciaria”.

Ana Lima concluyó su intervención poniendo en valor el trabajo realizado por la experta Patricia Cuenca, al tiempo que ensalzó la labor del tejido asociativo de la discapacidad para la mejora de la calidad de vida de todas las personas con discapacidad y sus familias.

Por último, el presidente del Cermi afirmó que “ni la Ley Orgánica Penitenciaria ni el reglamento que la desarrolla, tanto por la época en que surgieron, como por la visión y el marco conceptual que los inspira, tienen en cuenta la dimensión inclusiva de las personas con discapacidad, por lo que necesitan con urgencia, según se acredita en esta investigación jurídica, una actualización para acompasarlos al tratado internacional de derechos humanos de las personas con discapacidad”. Por ello, pidió que el próximo Gobierno aborde esta cuestión a fin de que “la discapacidad no sea una condena añadida”.